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Internet, privacidad y sistema judicial
en América Latina y el Caribe

 

 

 

 

 

 

 

“Son muy conocidas las ventajas de la era de la información, pero muy pocas veces consideramos a sus víctimas potenciales. Imagine a un trabajador latinoamericano que, en algún momento, demandó a un patrono ante la justicia. Un día, empieza a buscar un nuevo empleo. Sin embargo, como los detalles del juicio anterior están disponibles en línea, los potenciales empleadores pueden encontrar la información y calificar al trabajador como alborotador.” 

“Esa discriminación laboral no es conocida por la víctima… a quien sólo se le dice: ‘no, usted no tiene el perfil que buscamos’, de modo que no se entera exactamente de la razón por la cual no se le contrató”. Este  proyecto fue ejecutado por el Instituto de Investigación para la Justicia,  apoyado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), que procura establecer un equilibrio entre el acceso a la información y la protección de los datos personales publicados en la Internet por los tribunales y otros organismos judiciales en América Latina y el Caribe. 

Se ha imputado a trabajadores tener “una mala actitud” por cuestionar el monto de su salario vacacional, exigir salarios impagos o reclamar de alguna otra manera una decisión financiera de su empleador, explica Gregorio. Sin embargo, según un conjunto de reglas elaboradas en una serie de reuniones con investigadores, académicos, juristas y representantes de la sociedad civil y empresas del sector privado (como agencias de seguros), los nombres de los trabajadores implicados en 
disputas laborales no deben estar disponibles en línea, porque entran en la categoría de “información sensible”. 

“En estos casos se considera conveniente que los datos personales de las partes… sean suprimidos, anonimizados o inicializados, salvo que una persona interesada expresamente lo solicite y ello sea pertinente de acuerdo a la legislación”, dice la quinta de las Reglas de Heredia, denominadas por la ciudad de Costa Rica donde se terminaron en julio de 2003. Las diez reglas son guías voluntarias para ser seguidas por parte de los organismos judiciales de América Latina y el Caribe cuando divulguen información en línea. En la época anterior a Internet, los costos de impresión hacían que sólo se publicasen ciertos casos elegidos, pero hoy en día hay cada vez más sitios Web que publican sentencias judiciales íntegras. Esto ayuda a la apertura del sistema judicial, pero a veces lo hace al precio de afectar la privacidad personal. 

Tomado del artículo de Marty Logan

 

 


Instituto de Investigación para la Justicia

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